Desde hace unas semanas, o un par de meses a lo sumo, viene teniendo una ostensible repercusión mediática la llegada a Ceuta - también a Melilla - de un cierto número de personas extranjeras que intentan acceder, consiguiéndolo en muchos casos, ilegalmente a territorio español.
Por parte de las autoridades locales - autonómicas de Ceuta y de Melilla - ambas gobernadas por el mismo partido político - se habla de avalancha, de permisividad por parte de Marruecos, de estrategia orquestada (no se sabe muy entre quién), etc. Por parte del Gobierno central se habla de normalidad, de cifras inferiores a las de años anteriores, etc.
Hay una lógica que escapa siempre en las discusiones en relación con este tema y no es otra que la de encontrarnos ante ciudades doblemente fronterizas. Ambas, por una parte, se encuentran incrustadas en territorio africano, marroquí, con estatuto de ciudad autónoma perteneciente a España. Ambas, por otra parte, se encuentran castradas por el Estrecho de Gibraltar, que se convierte en una frontera natural, de difícil conjugación con los intereses tanto de las ciudades como de las personas.
Es una auténtica obviedad decirlo en estos términos, pero pretender que no existan intentos de accesos ilegales y sus correspondientes éxitos a esas ciudades es directamente imposible. Basta con echar un somero vistazo a las cifras que proporciona EEUU en relación con los detenidos en su frontera sur para comprobar la ridiculez de las cifras que se manejan en relación con la frontera sur española.
Por eso, llama la atención - como poco - el que no se ponga el acento en actuaciones como la desarrollada días atrás en Ceuta, en la que se ha detectado a un cincuenta por ciento menos de inmigrantes irregulares que hayan intentado acceder a dicha ciudad con motivo de las fiestas, pese a la importante presencia de medios de comunicación, que acudieron como buitres en la esperanza de poder dar fe (ja) de esas supuestas avalanchas.
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